El laberinto de los embargos, en la Ley Concursal

La ley concursal tiene recovecos, acantilados y laberintos, y, por si fuera poco, si eso, luego tiene la problemática de los embargos; el qué hacer con los que están ya acordados antes de declararse el concurso.

Fecha publicación: 10/05/2017

En este post no vamos a tratar embargos de derecho público, sino los simples embargos civiles derivados de procesos de ejecución (garantías reales aparte). Pues bien, el legislador, parece que optó por volvernos locos a todos, y dejó lo que podría ser una materia de fácil resolución, en manos de las "divinas providencias". Con lo fácil que habría sido acordar que, en todo caso, declarada la Liquidación Concursal todos los embargos serían alzados por imperativo legal, y que en caso de aprobarse el convenio, si el crédito del que deriva el embargo está afectado por el mismo, deberá quedar igualmente alzado, ya que en sede de ejecución el deudor podrá oponer el convenio a la continuación de la ejecución. 

Pues no, la realidad es que como abogados del deudor entraremos en una ardua lucha para poder ordenar este escenario. Si bien es cierto que con el hecho del concurso, todos los procesos ejecutivos civiles quedan suspendidos, no podemos confundir la suspensión con la cancelación o alzamiento del embargos. Y es que aquí surgen los problemas. 

En primer lugar porque el alzamiento sólo puede ser solicitado por el Administrador Concursal, extinguiendo todo tipo de legitimación a favor del propio deudor.

Y en segundo lugar, porque estando en la fase común del concurso, es decir, aquella inicial donde se están confirmado el listado de acreedores y el inventario de bienes (antes de convenio o liquidación), sólo podremos alzar embargos cuando éstos dificulten la actividad de profesional o empresarial. Regulación que, para variar, tiene sensibilidad cero para los supuestos en los que el deudor sea una persona física o familia, ya que carece de ese elemento de "actividad profesional", por lo que parece nuevamente deslegitimado para solicitarlo. Pongamos el caso del embargo de salarios practicado... nada dice la Ley de cómo actuar, de lo que parece desprenderse que nada se puede hacer.

Yendo a ese ejemplo, ¿Qué sentido tiene la existencia de un embargo acordado sobre parte de una nómina, suspendido por el concurso pero no alzado ni cancelado? ¿Qué hará el pagador de la nómina, ingresar el dinero en el Juzgado embargante, y este Juzgado, por la suspensión, ir sumando y sumando, mes a mes ese importe sin entregárselo a nadie?

El escenario es absurdo. 

Pues bien, la solución la encontramos en la propia lógica. En el hecho de que el "concurso lo puede todo" y que estando suspendido el embargo por mor del proceso, el sentido común y la sana critica sólo puede entender que ese embargo debe ser alzado para reintegrar (término poco fino) los activos en la masa del concurso, es decir, a disposición del proceso, para pagar créditos contra la masa y en su momento destinarse al resto de pagos. 

Pero insisto, creo que lo lógico sería que la propia Ley regulase que con la declaración del concurso se procede de forma automática a la suspensión de las ejecuciones y al alzamiento de los embargos, ya que su mantenimiento no aporta nada al proceso, y su cancelación en caso alguno puede perjudicar al acreedor por cuanto, si se aprueba un Convenio debería someterse al mismo (excepciones hay las) y si se aprueba la Liquidación, siguiendo el principio de unidad de liquidación, ese embargo no podrá ser reactivado. 

Ahora bien, sé que esta regulación chocaría con los supuestos en los que se cierra el concurso por insuficiencia de masa activa, en los que ni hay convenio ni liquidación, pero pero por esta excepción no debería obviarse lo común, sino darle una regulación específica, ya que sólo en este caso, el acreedor podrá usar el embargo para posicionarse de un modo más privilegiado que el resto de acreedores no embargantes, como si el concurso no hubiese pasado.